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Este es un proceso sistemático, lo que significa que tiene un método establecido, organizado en fases secuenciales, con una duración definida. También es un proceso deliberado, debido a que se hace de forma intencionada, ya que tiene el propósito de someter a evaluación de la ciudadanía la gestión institucional.
Además, es un proceso interactivo, porque permite interrelacionar, mediante herramientas de diálogo, a la ciudadanía y la institución pública. Esta relación es de doble vía, puesto que implica un derecho y a la vez un deber; para las instituciones es una obligación, mientras que para la ciudadanía en general es un derecho acceder a la información generada.
Así mismo, es un proceso universal, ya que es de interés de la ciudadanía en general, conocer las acciones u omisiones generadas por parte de la institución y en el que todas y todos tienen el derecho a participar.